La Consellería de Medio Rural se reunió en el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón) con diversos agentes, entre los que tuvieron una presencia destacada bodegueros de las IGPs de Vinos de Galicia, para dar a conocer el anteproyecto de Ley de la Calidad Alimentaria de Galicia, que actualizará el marco normativo que regulará las Indicaciones Geográficas Protegidas y está previsto que se apruebe este año.

En la reunión estuvieron presentes la bodega Pagos de Brigante (IGP Terra de Betanzos),  Bodegas Antonio Saborido (IGP Terra de Barbanza e Iria) y Adega Os Areeiros (IXP Ribeiras do Morrazo).

Esta norma vendrá a actualizar la actual Ley de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega, en vigor desde 2005, con el objetivo de promover la calidad de los productos alimentarios que se producen, transforman o comercializan en nuestro territorio y buscar una nueva dimensión en el mercado para acercar a las personas consumidoras todas las garantías de que el producto ha pasado rigurosos controles de calidad.

El Consejo Alimentario de Galicia y la Mesa de la Calidad Alimentaria

Una de las novedades más salientables será la creación de dos nuevos órganos: el Consejo Alimentario de Galicia y la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada de Galicia, que serán herramientas de consulta y participación que estarán la disposición de las diferentes Indicaciones Geográficas Protegidas de vino de Galicia. También se apostará por la compra, la contratación pública verde de productos alimentarios con un impacto ambiental reducido o el establecimiento de un sistema de certificación de sostenibilidad.

La futura ley incorporará una regulación de las marcas de garantía para la promoción sectorial y una marca de garantía para la promoción de la producción alimentaria de calidad de Galicia, especialmente la sección alimentaria de Galicia Calidade. También criterios sociales y ambientales para la compra pública verde de productos, que priorizarán los producidos por cooperativas agrarias o por organizaciones con mayoría de mujeres o de personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión, así como los de cercanías. Al respeto de las funciones de control, infracciones y sanciones, se adecuarán a la realidad actual, incorporando las nuevas tecnologías para garantizar la máxima rigurosidad.